Caralvá

¿Qué pretenden los criminales que ejecutan a  ciudadanos indefensos? Acaso enviar el mensaje que tienen el poder en sus manos, que pueden hacer lo que deseen impunemente o son dueños de las ciudades y todas las personas, pues de ser así están equivocados. 

Si su objetivo es demostrar que no existe gobernabilidad y sus fechorías quedarán impunes están  totalmente errados, lo único que propiciarán será elevar la gobernabilidad porque la república concentrará las decisiones bajo niveles superiores de seguridad nacional y en ese momento no existirán leyes que cubran delitos de sospechosos.

Tal vez el estado conservador de nuestra sociedad se deba a los niveles de horror presenciados durante la guerra civil, pero de la misma manera la república en conjunto puede reaccionar reclamando justicia y aplicándola a su favor, al elevar los niveles de Seguridad Pública se eliminarán algunos derechos ciudadanos por mucho tiempo, el tiempo suficiente para controlar la violencia.

Las acciones terroristas pueden contrarrestarse bajo diversos mecanismos democráticos, si estos fallan, la historia demuestra los niveles de algunos Estados que no les tiembla la mano para demostrar su poder con toda la crudeza necesaria para disuadir a los opositores, pero eso no es deseable.

En nuestro caso, luego de los sucesos de mejicanos del pasado domingo 20 y superado el estado de estupor por la matanza, recobramos conceptos que pueden salvar a nuestra nación de esta agresión del crimen organizado, primero: la unidad nacional en identificar un enemigo común, esos enemigos son los que se amparan en las asociaciones ilícitas; un segundo punto a impulsar debe ser el abandono de banderas ideológicas ante tan grave amenaza; tercero calificar estos horrendos crímenes como terroristas de igual forma que sus organizaciones, iniciando un largo proceso de conjugación con fuerzas nacionales e internacionales  para impedir el avance de estos delitos terroristas.

La unidad Nacional debe dar muestras visibles en la clase política, eso constituirá las bases de la nueva estabilidad indispensable en momentos tan trascendentales, donde la seguridad nacional esta a prueba. 

Es sorprendente  y patético que en medio de la tragedia algunos políticos acusen a los adversarios de la tragedia, ya sabemos a que sitio conducen las interminables discusiones, solo nos llevan a la parálisis de acción hacia los intereses nacionales, por esta razón al menos en este caso de terrorismo,  la unidad nacional debe ser manifiesta.

Finalmente las acciones terroristas deben ser perseguidas hasta los autores intelectuales, se debe llegar a los principales responsables de esta barbarie.

No podemos cambiar la tragedia, quizás solo alentar la esperanza ciudadana que no vuelva a suceder, si la unidad nacional se concreta de inmediato.

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Caralvá

Aunque suene anacrónico, el diálogo debería ser el verdadero logro de nuestra sociedad después del Acuerdo de Paz de 1992. Este ejercicio vital para finalizar la guerra, dio paso a la consolidación del proceso democrático con los mecanismos institucionales, pero el espíritu del diálogo desapareció al instaurar los eventos tradicionales de la democracia formal, el ejercicio del diálogo se disolvió y se colgó en un pergamino como un buen recuerdo del pasado.

Sucesivas administraciones no usaron este instrumento, porque no lo consideraron decisivo o han limitado su accionar solo a eventos cruciales dentro de la Asamblea Legislativa, no obstante nuestra sociedad requiere de nuevos instrumentos que incluya a los sectores de trabajadores y asociaciones legales para que el diálogo se convierta  en una acción política y construya una cultura política de negociación.

La cultura política de negociación es un proceso educativo donde se aprende a valorar las razones del otro, con criterios constructivos y propuestas nacionales.

Ahora nuestra sociedad se enfrenta a desafíos que ponen en peligro tanto a trabajadores como a empresarios y todas las clases sociales.  El ascenso de las acciones delincuenciales y las violaciones a los derechos humanos de los grupo ilegales es tan grotesco que la ciudadanía clama por soluciones.

Corresponde a la clase política contribuir con el diálogo en busca de soluciones posibles con responsabilidad. 

Hace unos días dos honradas ciudadanas fueron acribilladas por sicarios, en otro sitio un policía y su familia corrió la misma suerte y esta saga de acciones no puede tener otro calificativo que terrorismo.

El asesinato de los trabajadores del transporte colectivo, taxistas, vendedores informales, artesanos, etc., sin ninguna oportunidad de defensa, parece una práctica de violencia indiscriminada, que debe ser calificada como terrorismo.

El mecanismo de diálogo para  buscar soluciones a estas acciones debería unir a la clase política y a todos los sectores sociales hacia las soluciones nacionales.

Las asociaciones ilícitas denominadas maras son una severa amenaza nacional, que requieren de un instrumento estratégico de diálogo permanente entre la clase política y sectores nacionales  que proponga acciones a corto plazo, puesto que cada día lamentamos la pérdida de valiosos y honrados ciudadanos ¿Por cuánto tiempo?.

La cultura política del diálogo debe construirse a partir de estos elementos, facilitando la participación y la información, contribuyendo al ejercicio de los derechos ciudadanos y participando en las soluciones correspondientes.

No debemos pensar que los mecanismos democráticos están agotados ante este problema, porque es mejor recuperar este instrumento que nos permita avanzar hacia consensos y convergencias para optar por las mejores decisiones que favorezcan a los más afectados por la violencia: el pueblo trabajador.

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Escritores de El Salvador: César Ramírez, Carmen González, Agail Suncin

La única dirección posible en nuestra nación es hacia la democracia y el fortalecimiento institucional. Estos elementos brutalmente mencionados en todos los niveles sociales, implican diferentes concepciones de izquierda y derecha, porque en El Salvador, nadie se opone a la democracia e institucionalidad, se opondrá quizás a la velocidad de las reformas.

Las nuevas condiciones de nuestra sociedad en post-guerra, nos lleva a enfrentar el agudo desafío del crimen organizado y las asociaciones ilícitas, ante los cuales se necesitan reformas constitucionales para un nuevo contrato social que construya la Paz Social en estos momento de crisis.

No existe una tradición democrática en la nación, existe por el contrario esa memoria del autoritarismo que muchos asocian con desarrollo  y seguridad, pero nada más equivocado, el verdadero desastre nacional se forjó en esos amargos años de dictaduras y engaños electorales que desembocaron en la guerra civil por la ruptura constitucional de cada Golpe de Estado y muchas otras arbitrariedades conocidas por el pueblo, pero recién la firma del Acuerdo de Paz, el proceso electoral inicia el camino hacia la democracia en sus diversas manifestaciones que poco a poco construyen la pluralidad política, poco a poco puesto que cada paso en este momento de la nueva administración constituye un precedente hacia el desarrollo social.

La dirección del cambio será en los siguientes años hacia el desarrollo social, si las propuesta emanadas por el Poder Ejecutivo se acompañan de un firme apoyo ciudadano, donde los partidos políticos conjuguen sus voluntades por auténticos beneficios para la población y estas propuestas no signifiquen objetivos populistas o demagógicos, tampoco castillos en el aire donde solo las alfombras mágicas puedan llegar, nuestra realidad es un clima de inseguridad en todos los niveles sociales, este panorama nos golpea tanto como los asesinatos durante los tiempos de la guerra civil.

Nuestra nación es vulnerable ante  la delincuencia, por esta razón como en otros tiempos la ciudadanía debe organizarse en torno a instituciones de alta credibilidad, condición que requiere de un nuevo modelo de contrato social para permitir las reformas constitucionales necesarias, reformas que permitan la intervención de las instituciones en defensa de la ciudadanía honrada e impida el amparo de los delincuentes en leyes obsoletas y decadentes que solo defiende la impunidad de los agresores. ¿Qué se espera para reformar la constitución? ¿Qué cantidad de asesinatos es necesaria para conmover a las estructuras que impiden las reformas que faciliten el control de la violencia de las asociaciones ilícitas?.

La dirección del cambio en seguridad, requiere de un acuerdo de nación con nuevos paradigmas, cambios en la concepción: económica, social, política y cultural que identifiquen este período bajo la bandera de la Defensa Nacional contra la delincuencia, por esta razón son urgentes las reformas constitucionales.

La ciudadanía requiere de Justicia Social, puesto que cada ciudadano honrado asesinado deja esa profunda huella de dolor y ausencia de derecho que fragmenta a la familia salvadoreña, condición que por el momento padecemos sin distinción de clases sociales.

Por estas razones en democracia y con el resguardo de nuestras instituciones es coherente solicitar a la clase política las reformas constitucionales necesarias para construir La Paz Social propiciando una nueva relación ciudadana en la sociedad salvadoreña…

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El primero de junio de 2010 nuestra nación demostrará al mundo que el sistema democrático es posible a pesar de las antiguas campañas de miedo, odio y desconfianza hacia  la alternancia política en la administración pública.

Los profetas del infortunio al menos  en este primer año  no acertaron en sus afirmaciones contundentes.

Existe fragmentación de amplios sectores empresariales que han tomado distancia ante la tradicional alianza conservadora por severas diferencias en el liderazgo del nuevo momento político, estas disidencias son de tal magnitud que ha surgido un nuevo partido político con una fuerte representación en la Asamblea Legislativa.

La nueva administración navega en la peor crisis del capitalismo, con propuestas de nuevos impuestos, reformas en diversas áreas, un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, magníficas relaciones con Estado Unidos de América, apertura de relaciones diplomáticas, avances contra la corrupción en la administración de fondos públicos, remoción de funcionarios, cambios y reformas en la Seguridad Pública, etc., pero bajo presión de una herencia negativa en los sectores agrícolas, salud, infraestructura, transporte, la ausencia de inversión extranjera que desde hace años ha perdido fuerza  como resultado de la crisis internacional.

En muchos campos de la gestión pública el verdadero desafío es modernizar las instituciones, con reformas que unan a la nación en lugar de fragmentarla.

La nación olvida la palabra solidaridad y solo la recuerda en tiempos de tragedia, pero esta fuerza solidaria se debe tener presente en una nación tan carente de recursos como la nuestra, donde la pobreza es la constante y la excepción es  la opulencia. Necesitamos solidaridad hacia los desempleados, los desamparados, los que viven en las zonas vulnerables y esa interminable lista de demandas de ciudadanos extorsionados en sus propios lugares de trabajo… como pueblo solidario tenemos más posibilidades de respuesta que como estamentos sociales, puesto que algunos grupos pro-oligárquicos solo comprenden la solidaridad bajo el argumento de protección de sus intereses sin escuchar a nadie, quizás sea tiempo de dialogar y compartir las aspiraciones de las multitudes en esta sociedad en paz.

El verdadero avance en un año de la nueva administración, no es la figura de nuevos funcionarios, sino el crecimiento de la democracia.

Día con día se demuestra que el temor, el odio, la desconfianza, son superables en nuestra sociedad porque la democracia funciona y nos ayuda a comprender que las opiniones ciudadanas están una junto a la otra, no en forma vertical; la tolerancia hacia las diferencias y el pluralismo cultural es parte de nuestra realidad.

Este momento es difícil en toda la extensión de la palabra, pero nuestra frágil democracia es lo poco que tenemos con la esperanza de tiempos mejores, nuestra sociedad se merece la seguridad de la vida cotidiana, la libertad democrática y la solidaridad para responder ante las demandas de los más pobres.

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Es mejor pensar que viviremos un estado crónico de irregularidades de todos los niveles, a creer que las inclemencias económicas y sociales desaparecerán de la noche a la mañana.

Me inclino a pensar que muchos de los problemas que nos acechan son producto de la grave crisis económica que vivimos y en su momento se asocia a nuevas formas de gobernabilidad en democracia; en realidad esta condición coloca a nuestras instituciones en tensión hacia la reforma o hacia nuevos acuerdos políticos que permitan sobrevivir a la nación.

Hace unos meses era impensable la fragmentación de la mayor estructura de derecha de los últimos 20 años, pero su actual dispersión permite visualizar el surgimiento de nuevas alianzas que han creado fuerzas de intervención, las cuales modifican el panorama legislativo con ramificaciones nacionales… ¿podría ser el resultado de la crisis económica o un nuevo consenso hacia la gobernabilidad?.

La nueva administración se enfrenta a una historia negativa de cuotas de poder, con grupos poderosos pro-oligárquicos acostumbrados a proteger sus intereses por encima de todo y con el sistema jurídico a su favor; con viejos modelos que hacen ver a la administración subordinada al gran capital, en lugar de los intereses de la nación.

En ese sentido, las reformas son necesarias para muchos cambios que se requieren con urgencia.

Nuestro sistema político salvadoreño funciona para procesar los problemas económicos o sociales que el mercado y la nación no pueda resolver por si solos, de tal forma que si no se pueden resolver, entonces entramos en crisis. Las soluciones conocidas en nuestra nación de eventos de esa naturaleza en otros tiempos fueron el autoritarismo o las dictaduras, pero a partir de fin del conflicto civil, las crisis se han solucionado con la apertura democrática y reformas, pero en los últimos 20 años los grupos de presión en el poder se convirtieron en bloques de ostentación que dejaron fuera a nuevos grupos económicos, los cuales perjudicados en todos sus negocios y acceso a la política muestran ahora su fragmentación.

En la nación existe esa tradición negativa de resolver los conflictos a fuerza de choques y  presiones constantes, alejadas de opciones democráticas, por que la sociedad no tiene mecanismos para resolverlos y existen tantos lastres que no existe solución posible, así las crisis viven ciclos perpetuos. ¿Acaso no es tiempo de solucionarlos por nuevas vías democráticas y participativas?.

Por estas razones las reformas deben ser el parámetro para regular los conflictos y permitir las opciones democráticas.

En los próximos meses las demandas sociales y económicas pueden aumentar por factores externos, la apertura a las demandas puede ser la clave de las soluciones mientras se propicia la estabilidad institucional.

En la misma línea de artículos anteriores, la presidencia de la república es la principal fuente de consensos y acuerdos nacionales, reconocer esta condición es la base de la estabilidad democrática.

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La misma proporción de acontecimientos violentos a lo largo del territorio nacional, parecen tener relación directa con el narcotráfico y crimen organizado que reside entre nosotros.

Las semejanzas con otras naciones que combaten estos síntomas alarmantes, son evidentes.

Parece que la geografía nos une en grandes corredores de violencia desde Estados Unidos hasta Suramérica, generando la degradación social en muchos ciudadanos que sucumben ante estas poderosas fuerzas del mal.

Son miles de acciones violentas e ilegales que penetran las estructuras sociales e institucionales, pero cuando la sociedad sanciona a los agresores se genera la aguda crisis carcelaria con sus ramificaciones explosivas. De esta forma las cárceles son el reflejo del combate entre la nación versus el narcotráfico y el crimen organizado.

Las redes de distribución de las drogas en diversas escalas, parecen coincidir con los crímenes que observamos a diario, ese mapa de muerte sigue el rastro de las drogas o territorios de control de bandas del crimen organizado.

Honrados ciudadanos son asesinados sin piedad, trabajadores del transporte colectivo, maestros, religiosos,  vendedores de pan, taxistas, etc. parece una nueva peste traficada de la humanidad en el siglo XXI. La peste traficada  es similar a la peste negra del siglo XIV, porque esta terminando con la vida de millones de personas.

A nombre de estas horrorosas banderas del narcotráfico se comenten todas los crímenes que observamos, ese es el fondo, un cáncer que destruye nuestro sistema democrático.

La lucha no es contra el sistema judicial, ni carcelario o un partido, es nuestro modelo institucional que se encuentra en peligro.

Desafortunadamente nuestra sociedad esta fragmentada, aún parece un sueño resolver por medio de la Unidad Nacional los temas que acosan a la ciudadanía, es posible que por esta razón no reaccionemos, pero la inacción nos lleva a la muerte social.

Ahora es tiempo de reconocer que tenemos un poderoso enemigo interno: el narcotráfico y el crimen organizado.

No existe solución a corto plazo, quizás no hay solución ni a largo plazo y debemos aprender a convivir-combatir con este mal, bajo nuevas reglas del juego.

Naciones como Colombia, México, Guatemala, los mismos Estados Unidos libran cada uno su lucha particular, al menos nos aventajan en experiencia.

Si ya convivimos con el narcotráfico y el crimen organizado en nuestras calles y barrios, es tiempo de seguir ejemplos de las naciones mencionadas y unir las fuerzas necesarias bajo un Consejo Defensivo Internacional contra este mal.

Las crisis carcelarias y sus graves consecuencias, deben tener las mejores respuestas institucionales, la unidad nacional es una de ellas.

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